El artículo 40.2 de la Constitución Española, establece la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.

Cuando se produce un accidente de trabajo o enfermedad profesional como consecuencia directa de la falta de medidas de prevención de riesgos laborales, el legislador impone al empresario un recargo en las prestaciones de Seguridad Social, siendo este recargo independiente y compatible con el resto de responsabilidades. Supone, por tanto, un aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

Por tanto, el requisito para la aplicación de este recargo es la producción de un daño al trabajador como consecuencia de la falta de medidas preventivas. A la vez es preciso, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, que las lesiones se produzcan por las circunstancias siguientes: por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de las características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

Es sujeto responsable del pago del recargo quien fuera el empresario infractor, y siempre teniendo presente que esta responsabilidad no puede ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato en sentido contrario. Cabe destacar, que en caso de contrata o subcontrata la responsabilidad solidaria del dueño de la obra por infracciones del contratista o subcontratista también alcanza al recargo.

Su cuantificación consiste en un incremento entre el 30 y el 50% de las prestaciones que el trabajador haya recibido (incluyendo incapacidad temporal e incapacidad permanente en el grado que se haya determinado).

Por lo tanto, la cuantía puede variar radicalmente dependiendo de las secuelas sufridas por el trabajador.

Si se reconociera al trabajador una Incapacidad Permanente en grado de Total, Absoluta o Gran Invalidez, incidirá también su edad, por cuanto se traduciría en una pensión de por vida o hasta sustitución por la de jubilación.

 

A modo de ejemplo, mostraremos una tabla aproximada para un trabajador de 31 años con un salario de 1.100 euros:

  • Incapacidad Permanente Parcial: 28.800 euros.
  • Incapacidad Permanente Total: 143.665 euros.
  • Incapacidad Permanente Absoluta: 261.210 euros.

 

Si bien algunos tribunales lo consideran como elemento de ponderación, la regla general es que las cantidades como recargo de prestaciones, no tienen consideración de indemnización, a efectos de aminorar la cuantía de la responsabilidad civil.

El pago se efectúa de una sola vez, capitalizándose en función de los criterios de Tesorería General de la Seguridad Social.

La parte que se correspondería a las prestaciones en sí mismas, sería abonada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y la parte correspondiente al incremento (del 30 al 50%) por parte del empresario.

 

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